Vinícius Carvalho Pinheiro – Secretario de Previdência Social do MPAS – Brasil - 12/2001

La crisis argentina está estructuralmente relacionada con los impactos fiscales de la privatización de la Seguridad Social. En 1994, se implementó la sustitución parcial del sistema público de reparto, en el cual los trabajadores financian a los jubilados, por el sistema privado de capitalización individual, en el que cada trabajador contribuye, a través de fondos de pensión privados, para financiar su jubilación. ^*

El pasaje del sistema de reparto al de capitalización ha presentado elevados costos de transición, haciendo inviable el equilibrio de las cuentas públicas.

Los recursos de la Seguridad Social oficial disminuyeron, pues parte de la contribución del trabajador, antes aportada al tesoro público, pasó a ser destinada a los fondos privados de pensión. Los gastos aumentaron porque el Estado, además de seguir sosteniendo el costo de los inactivos, debe garantir a los trabajadores un beneficio proporcional en reconocimiento a las contribuciones hechas en el pasado.

Debido a la reforma previsional, el déficit de la seguridad social argentina aumentó de US$ 891 millones en 1993, a 6.700 millones de dólares en el año 2000. En el mismo período, se observa el deterioro de los resultados del sector público, que salió de una situación superavitaria en 1993, para cerrar el año 2000 con un déficit de 6.900 millones de dólares –prácticamente el mismo de la Seguridad Social. (ver gráfica).

Para financiar este enorme agujero provocado por los "costos de transición", el gobierno argentino recurrió al endeudamiento con los propios fondos de pensión. Actualmente, cerca del 65% del total de activos de estos fondos están invertidos en títulos públicos nacionales o emitidos por entes estatales. Los recursos corrientes, que antes entraban directamente al tesoro para financiar las jubilaciones, pasaron a ingresar como recursos financieros obtenidos a partir de la venta de papeles del Estado. Para garantizar el pago de los beneficios, el gobierno tuvo que pagar elevados intereses al sector privado.

Además de eso, una parte de los recursos obtenidos pasó a ser destinada al pago de los costos operativos de las administradoras de los fondos de pensión. La reforma de 1994 estableció que la contribución de los trabajadores argentinos para los fondos privados sería del 11%, de los cuales, en promedio, sólo 7,5 puntos porcentuales serían depositados en sus cuentas individuales, y lo restante sería destinado a tasas de administración y contratación de seguros por muerte e invalidez.

Entre las medidas anunciadas recientemente, está la reducción del aporte de los trabajadores a los fondos de pensión al 5% de la remuneración, de los cuales sólo alrededor de 2,7% puntos porcentuales son depositados en sus cuentas individuales.

Como el monto destinado a la capitalización será menor, la tendencia es que, en el futuro, se dé una disminución del valor de los beneficios, siendo que muchos asegurados ni siquiera conseguirán acumular los recursos necesarios para garantizar el beneficio mínimo. Esta tendencia se verá reforzada por los impactos potenciales de la reestructuración de la deuda argentina sobre la rentabilidad de los fondos de pensión, teniendo en cuenta que estos son los principales acreedores internos del gobierno.

La perspectiva de disminución de los beneficios futuros, junto a los altos costos operativos, genera desestímulos para la afiliación al sistema previsional, disminuyendo su cobertura. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo – OIT- en 1994, año de la implementación de la reforma, el 49,7% de la población activa argentina contribuía regularmente para la Seguridad Social. En 1999, este indicador cayó al 41,7%.

La reducción de la cobertura repercute nuevamente en futura presión sobre las cuentas públicas, con elevación de los gastos asistenciales.

Esta también es la realidad del sistema chileno. En ese país, la cobertura del sistema bajó del 71,2% antes de la reforma en 1975 (una de las más altas de América Latina) al 63,6% en el año 2000. Esta reducción está asociada, en parte, a elementos estructurales, como el incremento de las tasas de desempleo y los cambios en las relaciones de trabajo, con el aumento de la cantidad de trabajadores independientes e informales.

Por otra parte, un gran número de los contribuyentes no logra acumular la reserva necesaria para garantir beneficios razonables en los fondos de pensión y como el Estado asegura un beneficio asistencial mínimo, sin contrapartida contributiva, acaba teniendo un efecto de moral hazard, generando una estructura de incentivos que favorece el abandono de la contribución.

La reducción de la cobertura en Chile implicó aumento de los gastos en beneficios asistenciales y en subsidios para los beneficios mínimos. Este pasivo social recayó sobre las cuentas públicas. En el año 2000, la suma del déficit operativo del sistema antiguo, con el pago de los bonos de reconocimiento, más los gastos asistenciales y subsidios a las pensiones mínimas, fue el equivalente del 5,7% del PBI chileno.

En Brasil, el pasaje al sistema de capitalización fue estudiado en 1998 y 1999, siendo descartado debido a los elevados costos fiscales que representaría. Según estimaciones de instituciones nacionales e internacionales, llegaban a valores que variaban entre un 200% y un 250% del PBI.

La opción brasileña fue la implementación de una nueva fórmula de cálculo de los beneficios, en la que el valor de estos pasó a ser equivalente a la división entre una estimación del monto aportado por cada asegurado por la expectativa de sobrevida de éste en el momento de la jubilación.

Este tipo de reforma no tiene costos de transición y permite ajustes periódicos de los beneficios a la dinámica demográfica, ya que una de las variables del cálculo es la expectativa de sobrevida, publicada anualmente por el IBGE.

La reforma brasileña permitió la estabilización del déficit del INSS en torno al 1% del PBI hasta el 2020, a pesar de los aumentos reales otorgados al salario mínimo, y, ciertamente, se constituye en una importante diferencia entre Brasil y Argentina.

(*)

Vinícius Carvalho Pinheiro es Secretario de Seguridad Social del Ministerio de Previsión y Asistencia Social y Vicepresidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social CISS

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